Golpe al patrimonio del expresidente Hernández tras acciones del Ministerio Público

Tegucigalpa – Las autoridades del Ministerio Público han puesto en marcha una contundente acción de privación definitiva de dominio sobre 131 bienes, presuntamente vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, su esposa, Ana Rosalinda García Carías, y otros miembros cercanos de su círculo.

Esta acción incluye la incautación de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.

Los beneficiarios de estos activos incluyen a la madre del expresidente, María Elvira Alvarado Castillo, así como sus hermanos, entre otros parientes.

El Ministerio Público ha llevado a cabo esta medida como parte del trabajo de una comisión especial compuesta por fiscales y detectives de la FESCCO, UF-ADPOL y DLCN, quienes recopilaron y analizaron información durante el juicio del expresidente Hernández Alvarado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Las investigaciones han revelado vínculos financieros y transaccionales con personas relacionadas con el narcotráfico, lo que ha llevado al Ministerio Público a solicitar la extinción definitiva de estos bienes.

Como parte de esta acción, se están llevando a cabo inspecciones en 19 inmuebles asegurados, coordinando posteriormente con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para el proceso correspondiente.

El Ministerio Público reitera su compromiso de seguir investigando las líneas abiertas tras la información obtenida en el juicio en Nueva York.

Tras la sentencia de culpabilidad del expresidente Hernández, la Fiscalía busca el comiso definitivo de los bienes, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada en Honduras.

En última instancia, las autoridades del MP se comprometen a seguir trabajando incansablemente para garantizar la justicia y la transparencia en el país, como parte de su labor en defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.